En una entrevista a DIB tras el anuncio del aporte de 500 millones de pesos para la terminación de dos cárceles provinciales, el funcionario nacional calificó como “severo” el panorama de las cárceles bonaerenses, y vinculó la situación a “un problema que tiene más de 20 años y que nunca nadie logró solucionar”.
—Con la aprobación de la ley en el Congreso, ¿se cerró la polémica por el fallo del “dos por uno”?
—El proceso político terminó de un modo muy exitoso. El Congreso sacó una legislación con un alto nivel de consenso, y ya un montón de jueces se basan en esa ley para rechazar planteos. Esto corta definitivamente el impacto en los procesos de lesa humanidad pero también en el delito común, que también era un tema que generaba preocupación.
—¿Afecta esto la credibilidad de la Corte?
—Creo que en definitiva la gente expresó su opinión de diversas maneras. El Poder Judicial es un contrapoder que siempre más allá de la opinión pública tiene que tener sus criterios para aplicar la ley. Esto sirve como un aprendizaje para todos en términos de que se necesita más articulación entre los tres poderes para generar políticas de Estado.
Como democracia esto ha sido un buen aprendizaje, doloroso, movilizante. Por eso es importante no entrar en cazas de brujas, ni pedir juicios políticos o denuncias penales, me parecen sobreactuaciones sobre una situación donde algunos jueces creyeron aplicar la ley y en definitiva la sociedad y la clase política reaccionaron frente a eso considerando que su interpretación generaba impunidad e injusticia.
—Vidal cuestionó el sistema de selección de jueces, ¿qué opinión tiene al respecto?
—Es una asignatura pendiente. En Nación tenemos 200 cargos vacantes de jueces y el Consejo de la Magistratura federal está haciendo un esfuerzo enorme y logró de algún modo revertir la tendencia. Pero uno de los grandes problemas en el sistema de Justicia son los mecanismos de designación de jueces, tanto por la demora que tienen como porque tampoco termina de garantizar que lleguen los mejores. Hay que hacer bastantes ajustes, porque elegir bien a los jueces es lo único que puede asegurar un buen sistema de justicia.
—La renuncia de Potocar y el pase a retiro de Bressi volvieron a poner a la policía en la mira. ¿Hay una solución a la vista?
—Tanto el Gobierno nacional como el provincial están haciendo algo inédito: no transar con los poderes estatuidos. Tampoco hacer locuras ni una caza de brujas, pero sí ir de algún modo preparando el terreno para que las fuerzas de seguridad y también la Justicia se vayan oxigenando, se vayan yendo quienes se tienen que ir, o separar a quienes se pueda separar, y en esto sabiendo que hay corrupción estructural pero también que hay policías y jueces muy honestos, que trabajan mucho.
SITUACIÓN CARCELARIA
—¿Cuál es la principal problemática de las cárceles hoy?
—Hay distintas realidades. En la provincia hay un problema de superpoblación carcelaria muy severo, con lo cual la cuestión de las plazas es una de las más grandes dificultades. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF) estamos mucho más equilibrados en términos de plazas, prácticamente no hay sobrepoblación. Estamos actualizando plazas y generando más para ayudar a las provincias. Por otro lado mejorar todo lo que es el abordaje y el tratamiento, que era muy deficiente y se está haciendo un trabajo muy fuerte.
- ¿Es correcto apelar a las detenciones en comisarías como solución?
Las detenciones en comisarías debieran ser provisorias, asociadas a los primeros momentos del proceso, cuando las alcaidías o las cárceles están lejos del tribunal o la fiscalía. Esto es un defecto estructural en la provincia. Cuando se hace el pase al sistema acusatorio y se avanza al proceso de flagrancia, se requiere tener alcaidías para el pernocte cerca de los tribunales. Eso en Buenos Aires nunca se hizo, recién ahora se está avanzando en esa línea, pero mientras tanto esto hace que se recarguen las comisarías, con todas las dificultades que conocemos. Esto es un problema que por lo menos tienen más de 20 años y que nunca nadie logró solucionarlo.
—Hubo rumores sobre la instalación de un complejo federal en Junín. Incluso el intendente se quejó...
—La subsecretaría filtró un programa en el que se estaba trabajando y que incluía terrenos cedidos por el organismo que se encarga de administrar los bienes públicos y en base a eso ellos habían identificado un lugar posible en Junín. Ya lo hablé con el intendente y descartamos esa posibilidad. Él me indicó que la jurisdicción estaba ya con demasiadas cárceles, con lo cual se va a avanzar en otros terrenos disponibles. (DIB) JG
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