Roberto Gargarella: “La inseguridad no convierte a un justiciero en alguien no responsable penalmente”

El sociólogo analiza en su libro "Castigar al prójimo" las asimetrías de un sistema penal no inclusivo y una composición carcelaria de sesgo discriminatorio donde se reflejan las desigualdades sociales.

Por Julieta Grosso (Télam, 22/09/16)

Sobre un escenario inflamado por los casos de justicia por mano propia que capturaron la primera plana en las últimas semanas, el sociólogo Roberto Gargarella analiza en su libro "Castigar al prójimo" las asimetrías de un sistema penal no inclusivo que visibiliza el desfasaje entre una sociedad cada vez más diversa y una composición carcelaria de sesgo discriminatorio donde se reflejan las desigualdades sociales.
Los valores que fija una sociedad son reveladores de sus déficits y aciertos, tanto como las faltas sobre las que recaerá con mayor rigor el poder punitivo del Estado. En este campo, Gargarella detecta inequidades que están en sintonía con lo que revela el resto de la trama social: "Lo que ocurre en el derecho es un reflejo más tardí­o o más cercano de lo que pasa en las demás esferas", evalúa en entrevista con Télam este doctor en Leyes por la Universidad de Buenos Aires y la Chicago University, además de máster en Ciencia Política por Flacso.
Los recientes episodios protagonizados por el médico de Villa Hermosa que ejecutó a un ladrón así como el caso del carnicero de Zaráte que atropelló a quien asaltó su negocio, alteraron la hoja de ruta habitual para una obra de trazo académico como "Castigar al prójimo" (Siglo XXI Editores), que ahora dialoga con la coyuntura desde una perspectiva menos fervorosa que el encuadre casi dialéctico elegido por los medios en su afán de dirimir víctimas y victimarios.
Gargarella cuestiona la naturaleza regresiva del castigo bajo el argumento de que el sistema penal está viciado de violencia y discrecionalidad, y que la cárcel solo sirve para criminalizar y no para resocializar. No sólo eso: sus objeciones salpican tanto al ala más progresista del derecho como a su contracara conservadora encarnada en las políticas de mano dura, alineadas ambas con una concepción elitista que excluye la participación ciudadana en la discusión de las leyes.
- Télam: ¿De qué manera un investigador del derecho lee esta coyuntura atravesada por esta epidemia de "justicieros"? 
- Roberto Gargarella: Lo que ponen en evidencia estos casos es la manera errónea en que los pensamos, tanto respecto a la actuación del Estado como a quien ha sufrido una agresión o quien la ha provocado.
Hace años que el Estado viene fracasando de modo muy violento en áreas importantí­simas, como seguridad o cobertura social. En esa línea, las respuestas de los representantes del gobierno sobre los episodios policiales de los últimos tiempos no fueron atinadas porque en un momento donde era necesario aquietar las aguas y no sumarse a los discursos enfervorizados de los familiares de las víctimas, optaron por tomar partido. El Estado debe calmar las aguas y asumir su propia responsabilidad en la construcción de una situación de maltrato y malas respuestas.
- T: ¿Estos hechos se interpretan como casos aislados de emoción violenta o como sintomáticos de la ausencia del Estado?
- R.G: Estos casos deben ser analizados por cuerdas separadas. No hay que asumir que impunidad es igual a venganza privada. Del mismo modo en que la pobreza no convierte a alguien en irresponsable penalmente, tampoco la inseguridad convierte a un "justiciero" en alguien no responsable penalmente. Tanto las élites penales de derecha como de izquierda justifican el uso penal diciendo que cuando el Estado no da justicia, la gente hace justicia por mano propia y se venga. Esa justificación es discutible porque está basada en un reclamo vací­o de evidencia empí­rica. De hecho, en los años en que hubo impunidad por las leyes del perdón para los crí­menes de lesa humanidad, la gente no salió corriendo a matar y a hacer justicia por mano propia contra los responsables de los peores crí­menes.
- T: ¿Por qué cuestiona que el castigo esté planteado como una estrategia de primera instancia y no como último recurso?
- R.G: Aún frente a hechos descomunales de violencia, una sociedad puede procesar esos dramas de diversas maneras y no necesariamente pensando en un endurecimiento de las penas o incluso en la cárcel. La idea de que reproche es igual que castigo, a imposición de dolor, y que castigo es igual a cárcel forma parte de una locura. No podemos pensar que para reintegrar socialmente a alguien tenemos que excluirlo. Con esa metodología, estamos frente al riesgo de que quien cometió la falta se convierta en un reincidente serial. Por otro lado, es una irracionalidad pensar que más años de cárcel equivale a mayor justicia.
La justicia tiene que ver con reestablecer vínculos y debe ser pensada de una manera distinta. Hoy en cambio nuestra respuesta como Estado tiene que ver con prevenir la falta a golpes de violencia o infundirle miedo al que delinque para que nunca más lo vuelva a cometer. Estos principios que guían nuestro sistema penal han salido mal y no han servido.
- T: Una de las proposiciones del libro tiene que ver con la idea de una reparación de la pena a través de la razón y el convencimiento. En sociedades tan desiguales ¿Cómo podemos pensar que el infractor va a asumir que rompió un pacto social cuando tal vez su primera reacción sea decir que el Estado incumplió primero sus compromisos con él?
- R.G: El Estado tiene una responsabilidad muy especial respecto de cómo ejerce sus poderes coercitivos. Tiene el monopolio de la violencia y es el que controla tanto las armas como el dinero. El hecho de que el Estado ejerza violencia es una cuestión difí­cil de justificar. Y si agregamos un tercer elemento, la coerción aplicada en contextos de infinitas desigualdades, es todavía mucho más difí­cil. Como ocurre en toda América desde los Estados Unidos a la Argentina, las desigualdades económicas se convierten también en desigualdades políticas y de poder. Esto genera que el poder público esté en manos de una porción pequeña de la sociedad, que tiende a ver como conflictos los problemas que son propios de su grupo y a no ver como problemas cosas que el resto de la sociedad puede ver como tales.
- T: ¿De qué manera el sistema penal reproduce y amplifica esas desigualdades?
- R.G: El hecho de que sociedades tan heterogéneas y plurales como las nuestras tengan una composicion social, racial y económica tan homogénea en las cárceles habla de sesgos que están muy metidos en nuestro sistema penal. Gran parte de la composición carcelaria tiene que ver con gente involucrada en el tráfico de drogas. Es un tipo de falta que impacta muy especialmente en los sectores más vulnerables, que encuentran eso como fuente de salida económica. En paralelo, hay faltas vinculadas con la corrupción polí­tica empresarial frente a las cuales el aparato estatal no reacciona.
- T: ¿En qué fracasan hoy las formulaciones de los juristas para discutir un nuevo código penal?
- R.G: Nuestras normas penales son escritas, aplicadas e interpretadas por elites penales de derecha o izquierda. Ambas comparten esa visión de que el derecho penal no tiene que conectarse de ningún modo con la democracia. Es preocupante porque esa desconexión no se da en los márgenes o en los recovecos más sucios de la vida penal sino en la doctrina más avanzada. Así, la redacción, aplicación e interpretación de las nomas penales queda escindida de cualquier reflexión colectiva democrática. Es obvio que cuando ocurre un crimen, tanto los allegados a la víctima como los que viven en el barrio van a pedir penas más duras. Pero lo cierto es que cada vez que la ciudadanía tiene la posibilidad de reflexionar con más calma sobre una cuestión muestra posiciones sensatas. Una pequeña verificación empírica es que los pocos casos de jurado que tenemos en la Argentina muestran que cuando la ciudadanía tiene la oportunidad de pensar y de escuchar un argumento distinto tiende a adoptar posiciones similares o mucho menos punitivas que los propios jueces.
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