El Gobierno endurecerá las sanciones en la nueva Ley de Defensa de la Competencia

LA INICIATIVA INGRESÓ EN UN PROCESO DE CONSULTAS ENTRE ESPECIALISTAS Y CÁMARAS EMPRESARIAS, Y PREVÉ QUE LAS MULTAS ASCIENDAN HASTA EL 30% DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS ASOCIADO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS INVOLUCRADOS EN EL ACTO ANTI COMPETITIVOS.

El anteproyecto de nueva ley de Defensa de la Competencia prevé un drástico endurecimiento de las sanciones a infractores, que podrían elevarse hasta miles de millones de pesos cuando hasta ahora las multas establecidas en la ley 25.156 no pasan de los $ 150 millones. La iniciativa ingresó en un proceso de consultas entre especialistas y cámaras empresarias, y prevé que las multas asciendan hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto anti competitivo, revelaron a Télam fuentes privadas. La magnitud de las sanciones podría superar rápidamente los 10 dígitos, en caso de constatarse irregularidades como las que se comprobaron en el pasado con empresas cementeras, fabricantes de cerveza y de alimentos para mascotas, o la recientemente denunciada contra la compañía Prisma, propiedad de 14 bancos nacionales y extranjeros y dueña de las tarjetas de crédito Visa. El borrador oficial de nueva ley antimonopólica contempla además el establecimiento de un programa denominado “de clemencia” y de “delación compensada”, a fin de facilitar la identificación y sanción de carteles, en línea con la experiencia mundial y regional en la materia. Otro punto incluído en el anteproyecto es la significativa elevación de los montos de facturación anual que determinan la obligación de notificar una operación de concentración económica, y que hoy se limita a $ 200 millones. Tal situación, según la normativa vigente, se produce en operaciones de fusión entre empresas; transferencia de fondos de comercio; adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda, cuando otorguen al adquirente el control o la influencia sustancial de una empresa; o cualquier otro acto que transfiera los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración. La ley propuesta por el gobierno fue puesta a consideración de cámaras como la de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la oficina local del estudio de abogados suizo Baker & McKenzie, entre otra treintena de agrupaciones empresarias y de consultoras económicas, jurídicas, impositivas y financieras. El anteproyecto oficial de ley de Defensa de la Competencia prevé asimismo el establecimiento de un sistema de control de operaciones económicas que sea previo al cierre de la operación, y no con posterioridad como ocurre actualmente. Una reforma adicional para aggiornar el sistema actual consiste en la creación de una Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y de la Secretaría de Comercio, de la cual hoy depende el organismo. También aparece como novedosa en el borrador la habilitación de acciones privadas por daños y perjuicios, que distintos agentes podrán encarar en el futuro contra los infractores a la ley antitrust. Por otra parte, según el anteproyecto, la creación de una Cámara Nacional de Apelaciones en Defensa de la Competencia vendría a subsanar las actuales controversias sobre cuál es la Cámara de Apelación competente en la materia. Tras las consultas en el sector privado, que se extenderán durante este mes, la intención del Poder Ejecutivo es enviar el proyecto al Congreso durante el mes de octubre. En el Parlamento, la iniciativa deberá compatibilizarse con un conjunto de iniciativas de distintas fuerzas políticas, que prevén reformas similares o aún más graves -la pena de prisión- para aquellos individuos responsables de organizar y participar en un cartel y en prácticas desleales. La sustitución de la ley 25.156 es uno de los aspectos mencionados con frecuencia por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, como parte de la “normalización” de las reglas económicas para atraer inversiones e impulsar la recuperación económica. La reforma propuesta busca además adecuar la legislación local a las normas de los países más desarrollados y continuar el camino de acercamiento a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), que el 1 y 2 de diciembre realizará en París el Foro Global sobre Competencia, al que por primera vez asistirá una delegación gubernamental argentina. (Télam, 07/09/16)
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