La iniciativa aprobada este miércoles por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, girada a Diputados, modifica el Código de Faltas provincial y fue acompañada con el voto de las bancadas de Cambiemos, el Frente Renovador y bloque Peronista. La propuesta fue presentada por el director general de Educación y Cultura bonaerense, Alejandro Finocchiaro, con el acompañamiento de los gremios docentes. "Hoy agredir a un docente o auxiliar no tiene costo, insultar, golpear, escupir es gratis; con esta modificación (al Código de Faltas) queremos que aquellos que sienten la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepa que le puede costar días de arresto o una multa de 6.000 pesos", dijo el funcionario al presentar la iniciativa. La sanción "no es la solución a todos los males, tenemos que hacer un fuerte trabajo cultural para rejerarquizar la labor docente y su rol en la sociedad, es un cambio cultural que llevará tiempo y lo haremos formándolo, capacitándolo, revalorizando las prácticas docentes", explicó Finocchiaro. La medida incorporó al Código de Faltas provincial, como artículo 74 bis, penas de "arresto de 5 a 30 días o multa de entre el 50 y el 100 por ciento del haber mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la provincia de Buenos Aires" al agresor de un docente. El haber tomado como base para las multas ronda los 12.000 a 15.000 pesos, precisaron fuentes oficiales. La sanción alcanza "a quien invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo (…) hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no". También a quien "insulte" a un docente o auxiliar "o provoque escándalo", a quien "ejerza actos de violencia física", "perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa" o "ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente". Las penas también alcanzarán a quien arroje "un elemento de cualquier naturaleza" a un trabajador de la educación o "contra un bien de utilidad educativa", con lo que se incluye a los edificios escolares. (Télam, 17/08/16)
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